Jefes de los servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela han cometido crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición, mediante acciones que fueron ordenadas directamente por Nicolás Maduro y sus colaboradores más próximos, denunció este martes la ONU.«El presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel (…) fueron los artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria para reprimir a la disidencia», señaló este martes una misión internacional de investigación creada por Naciones Unidas para Venezuela. MIRA TAMBIÉN Reportan explosión en refinería de Puerto La Cruz MIRA TAMBIÉN Reportan explosión en refinería de Puerto La Cruz «El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y a sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual», afirma un extenso informe que la misión presentó a la prensa.
Argentina a través de su presidente Alberto Fernández, retiró este jueves el apoyo a la demanda interpuesta en septiembre de 2018 ante la Corte Penal Internacional -CPI- en contra de Nicolás Maduro por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.Así lo refirió en nota informativa el diario Russia Today, que aseguró haber tenido acceso a una carta que el gobierno argentino envió a la fiscal Fatou Bensouda el mismo día en el que informó su salida del Grupo de Lima. MIRA TAMBIÉN Mueren en tiroteo trabajadores de depósito ferroviario en California MIRA TAMBIÉN Mueren en tiroteo trabajadores de depósito ferroviario en California Al parecer el documento revela que «el gobierno de la República Argentina se retira de dicha remisión como así también de toda presentación realizada en ese marco, incluyendo la Nota OI 48/2019 del 30 de septiembre de 2019 vinculada a un informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina»,Es de hacer notar que el informe presentado por el medio oficial indica que la retirada guarda relación directa con la petición que interpusieron hace casi tres años Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina, en momentos en que Mauricio Macri gobernaba ese país.