El menor de edad que comete algún delito puede recibir la pena máxima de 10 años y solo aquellos mayores de 14 años pueden ser enjuiciados penalmente.
Quienes no alcanzan la edad de 14, reciben una orden de un juez que dicta medidas de protección sobre el menor, que será recluido en un centro especialmente para este tipo de jóvenes.
Luis Izquiel, abogado penal, señaló a 2001 que aquellos jóvenes que participen en delitos, ya sean intencionales o no, solo pueden recibir una sentencia que no pase de los 10 años.
“No importa si asesinó a varias personas o fue responsable de un secuestro, el mayor tiempo que pueden pasar recluidos es de 10 años”, expresó.
Explica que en casos donde el victimario es un niño quien se encuentra en un hecho punible, no puede ser objeto de un proceso penal y la orden de estar recluido es por parte de un juez.
Es similar a los casos donde hay delitos por parte de personas con problemas mentales, a quienes se les dicta medida de seguridad.
Se considera delitos graves como abuso sexual con penetración, asesinato, secuestro, delitos de drogas en cantidades grandes, terrorismo y sicariato.
En este tipo de crímenes, el menor de edad recibe una sentencia de privación de libertad no menor a seis años y no mayor a 10 años.
En casos de agresión con lesiones graves, abuso sexual sin penetración, robo de vehículos, asalto y extorsión, la sentencia no podrá ser menor de cuatro años, ni mayor de seis.
Anteriormente, la pena máxima para menores era de 5 años, pero luego de la reforma de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) en 2014, se le agregó cinco años más.
El abogado acotó que, en casos accidentales, como el de un arma de fuego siendo accionada por un menor y que por esto haya una persona herida, al representante se le puede dictar responsabilidad civil.
Por su parte, el sociólogo Carlos Ibarra destacó que en Venezuela, especialmente en barrios peligrosos, hay muchos casos de jóvenes que crecen con tendencia criminales debido a que no reciben la crianza y atención necesaria de sus padres, o en todo caso, sus representantes también pertenecen a la vida delictiva.
No hay cifras oficiales que evidencien cuántos menores de edad están recluidos en reformatorios con la intención de que sean tratados por especialistas que pueden ayudar con sus conductas delictivas.
El objetivo es que una vez cumplan con su sentencia no cometan más delitos.
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