Nueve personas fueron judicializadas, entre ellas dos funcionarios de Migración Colombia. El caso estuvo manejado por la Fiscalía General de Colombia, a través de la Seccional Bolívar y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.
Los detenidos son integrantes de una red de tráfico de migrantes venezolanos que estarían involucrados en distintas maniobras ilícitas para garantizar el paso y salida a Estados Unidos, Europa y países de Suramérica.
Dos de los procesados son funcionarios de Migración Colombia. Uno de ellos, Rolando Iglesias Sanjuan, sería el principal articulador del andamiaje criminal.
Según las investigaciones desde su puesto de trabajo en Paraguachón (La Guajira), Iglesias, contactaba a extranjeros y les ofrecía documentos de identidad como si fueran colombianos o prórrogas en los pasaportes para ayudarlos a salir del país por los aeropuertos Rafael Núñez, en Cartagena; y Ernesto Cortissoz, en Soledad (Atlántico).
El otro servidor público, identificado como Rafael Púa Ríos, es señalado de sellar los pasaportes y avalar el paso de los migrantes que lo buscaban en los filtros de migración de la terminal aérea que sirve a Barranquilla.
Los demás involucrados cumplirían distintos roles como falsificadores, tramitadores o intermediarios para conseguir registros civiles en distintas notarías y registradurías en ciudades de la Costa atlántica.
En uno de los eventos que se le atribuye a la organización murieron cinco ciudadanos venezolanos y, por lo menos, 24 más resultaron heridos, luego de que se accidentó el bus en el que eran transportados ilegalmente a Guayaquil (Ecuador).