Los hurtos de materiales ferroso (chatarra), en todas sus variedades, se ha convertido en unas de las actividades delictivas, contra la propiedad, que destacan en la fenomenología de la violencia en Monagas. Entre diciembre de 2021 hasta marzo 2022, se han monitoreado aproximadamente 5 eventos en los cuales, individuos y organizaciones dedicadas a apropiarse de este material han desplegado sus operaciones, indicó el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) Monagas.
En los últimos cinco años, la crisis económica en Monagas se ha caracterizado, entre otros indicadores, por la disminución de las ofertas laborables estables; en una economía cuyo sustento era la industria petrolera y, de forma complementaria, las actividades agrícolas, pecuarias y comerciales. Ante este escenario, muchas personas desocupadas han buscado una alternativa de subsistencia, de rápida rentabilidad, como lo es el mercado ilegal de chatarra.
El creciente mercado ilegal de la chatarra en el estado, tiene entre sus objetivos principales el hurto de materiales ferrosos abandonados por parte de la decadente industria petrolera en Monagas, cuyas instalaciones han sido parcialmente abandonadas por la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) o por las compañías prestadoras de servicios, actualmente quebradas o inactivas. Estos campos petroleros son de preferencial visita de los chatarreros ilegales, quienes ven una forma de obtener ganancia rápida debido la cantidad de hierro que aún se consigue en estos campos.
Como ejemplo, el 11 de febrero funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) capturaron a 15 individuos, que presuntamente se dedicaban a sustraer material estratégico de PDVSA, ubicada en el sector Arabí, sector rural del municipio Maturín.
Los individuos aprehendidos, habían ingresado indebidamente a la mencionada empresa del Estado, para destruir las tuberías petroleras, haciendo uso de equipos de oxicorte, con el propósito de hurtar y luego traficar el material estratégico, según detalló la minuta del organismo.
Más reciente, el 30 de marzo, se conoció sobre la detención, por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), de 5 individuos que se encontraban dentro de las instalaciones de la antigua refinería de PDVSA de Caripito, municipio Bolívar, la cual está inoperativa. Los ciudadanos, presuntamente, son integrantes del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO) “Los Picadores”, dedicados a comercializar con material estratégico.
Tal como lo refiere el portal web Ecocopolítica Venezuela en su edición del 11 de marzo de 2022, el fiscal general, Tarek William Saab admitió, el 24 de febrero, que las instalaciones de PDVSA son desmanteladas para exportar chatarra y que hay complicidad con algunos gerentes. Esta implicación añade un daño patrimonial a la empresa y a la nación, al tratarse de campos petrolero que aún pueden estar operativos.
Así mismo, el lucro que produce este mercado ilegal, ha llevado a mirar adicionalmente las instalaciones eléctricas, educativas, deportivas, entre otras, como objetivos de desmantelamiento. Tal es el caso de la Universidad de Oriente (UDO) del sector Los Guaritos, municipio Maturín, donde funcionarios de la Policía del Estado (POLIMONAGAS) frustraron presunto hurto en las instalaciones ocurrido el 7 de enero de 2022. En este procedimiento resultó detenido un individuo de 29 años quien habría ingresado al referido recinto universitario, supuestamente, para sustraer varias piezas de material ferroso.
Otro caso, se produjo el 17 de diciembre cuando tres individuos que cargaban con varias vigas de hierro del estadio de béisbol Andrés Eloy Blanco, del sector Santa Inés, municipio Maturín, fueron sorprendidos por comisiones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Mientras tanto, el 21 de marzo, funcionarios de POLIMONAGAS detuvieron en la Avenida Francisco de Miranda de Temblador, municipio Libertador, a tres individuos pertenecientes a la banda “Los chatarreros” dedicados al hurto de material ferroso. Para el momento de su detención transportaban cuatro toneladas de este tipo de material, de dudosa procedencia.
El mercado ilegal de la chatarra, trae entre sus consecuencias daños ambientales además de los servicios. Por un lado, quienes cortan las tuberías de petróleo, en ocasiones, dejan escapar hidrocarburos que se derraman en el suelo, morichales e incluso acuíferos, generando daños ecológicos que tardan años degradarse. Por otra parte, el desmantelamiento de redes eléctricas, postes, entre otros, causan perjuicio a la población porque agravan la ya deteriorada infraestructura eléctrica del estado. En los casos de los hurtos a los centros educativos, el desmantelamiento ha producido cuantiosos daños, por la sustracción de pupitres, puertas, ventanas o cualquier objeto que contenga material ferroso; inhabilitando estos espacios para la educación.
Aunque los sistemas de reciclaje, emprendidos por los recuperadores o compradores de chatarra no son para nada nuevos; estos dejaron de cumplir la función de reaprovechamiento para el estado, en el momento que el mercado se hizo más lucrativo y la dolarización se fue posicionando en la economía nacional. En diferentes lugares del estado Monagas existen intermediarios quienes reciben material ferroso de distintos actores, desde el humilde carretillero hasta de otros grupos más organizados. Los intermediarios son los encargados de picar el material con estándares internacionales y de establecer el contacto con el mayorista de Guanta, estado Anzoátegui; autorizados para exportar a través del Puerto.
Según el reportaje del medio de comunicación digital Tal Cual, la tonelada de hierro pesado cuesta entre 100 y hasta 160 dólares, indistintamente del tipo de material y su procedencia. En Monagas, la chatarra latón entera (carrocería de carros, lavadoras, neveras, láminas de zinc y tubo de herrería) es pagada hasta en 40 dólares y la picada en 60 dólares.
Por su parte, el gobierno nacional decretó en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.617 del 24 de febrero del 2021, como “material estratégico para el desarrollo nacional”; a un conjunto de materiales susceptible de reciclaje, entre éstos: los desechos y residuos metálicos, ferrosos, de aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel u otro tipo de metal, la chatarra naval, aeronáutica, eléctrica y electrónica, en cualquier condición. Al hacerlo, un conjunto de empresas autorizadas por el Estado, tendrá el monopolio de su compra y procesamiento.
Las políticas de control del Estado dirigidas al aprovechamiento de este material en exportaciones no tradicionales, ponen en la mira a grupos organizados de robo y hurtos. A pesar de ello, sigue habiendo un mercado negro de la chatarra que, en el caso del estado Monagas, es anárquico y provechoso para los grupos e individuos que viven de éste.
Equipo OVV Monagas.