La dirección especializada contra las organizaciones criminales de la Fiscalía General, en trabajo conjunto con la Migración Colombia, pudo desarticular una red ilegal que se encargaba de tramitar visados y permisos falsos, que permitían a venezolanos y a otros extranjeros permanecer con documentos dentro de la región, reseñó El Periodiquito.
Entre 3 y 30 millones de pesos eran los montos que adjudicaban por falsificar y dar cédulas de ciudadanía, certificados de Cámara de Comercio, registros civiles, entre otros.
Las personas que acudían eran aquellas que no cumplían con algún requisito demandado por la ley, según estableció el ente acusador de la investigación.
La Fiscalía colombiana informó que cinco integrantes de la organización, mediante preacuerdo, aceptaron los delitos de: concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público y privado, y acceso abusivo a redes de información.
En ese sentido, un juez penal del circuito de Bogotá los condenó a penas que oscilan entre cuatro y siete años de prisión.