A solicitud del Ministerio Público fueron privados de libertad Cristian José Márquez Márquez y César Antonio Martínez González, ambos con el rango de sargentos de primera de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), por su presunta responsabilidad en el tráfico de material estratégico perteneciente a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Una tercera persona resultó implicada en el caso, se trata de José Agustín Brito Álvarez, informó la Fiscalía nacional a través de su portal web.
El caso fue descubierto el pasado 23 de abril en el sector El Potrero de la parroquia Punta de Mata, municipio Ezequiel Zamora, al oeste de Monagas.
En horas de la madrugada del citado día, funcionarios de la GNB en labores de patrullaje por la mencionada zona detectan la presencia de Brito Álvarez en frente de una vivienda; al verse descubierto intentó emprender una huida, produciéndose una persecución.
Tras su captura, en la parte posterior de su vivienda, los efectivos castrenses inspeccionaron el inmueble y en su interior hallaron dos bobinas de cobre, 24 componentes de material de cobre con un peso aproximado de 872 kilos, una señorita de 10 toneladas y una bombona de oxigeno.
Al ser cuestionado sobre la procedencia del material, el hombre confesó que fueron extraídos de un taladro de Pdvsa conocido como ESMA y que el sargento Martínez González estaba al tanto de la situación.
Una vez presentes en el lugar, los funcionarios de la GNB inspeccionaron la zona de máquinas y descubrieron que fueron violentados y cortados con equipos de oxicorte, por lo que les fueron extraídos componentes internos de nueve motores eléctricos 752 DC.
En virtud de estos hechos, Brito Álvarez y los sargentos de guardia, Martínez González y Márquez Márquez, fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público para iniciar el proceso penal correspondiente.
La Fiscalía 3ª de Monagas imputó a los tres hombres en la audiencia de presentación por la presunta comisión de tráfico ilícito de material estratégico, agavillamiento y peculado doloso.
Una vez expuestos los elementos de convicción por parte de la representación fiscal, el Tribunal 2º de Control en esa jurisdicción dictó la referida privativa de libertad en contra de los tres imputados y ordenó su reclusión temporal en el Internado Judicial de Oriente (CPO), también conocido como la cárcel de «La Pica».