Si bien muchos hechos de violencia se han suscitado en las diferentes cárceles del país, la cárcel de la Pica en el estado Monagas, no escapa de esta realidad, puesto que sólo en el pasado año 2020 se registraron 12 fallecimientos por diversas causas, desde impactos de bala, descuartizamiento, suicidios y causas naturales. Incluso, un doble homicidio traspasó las barreras del Centro Penitenciario de Oriente (CPO) en Maturín y terminó con la vida de la madre de uno de los reclusos involucrados.
En 2005, los altos índices de criminalidad dentro de la cárcel, la Comisión Interamericana de Derechos Humana sometió a la Corte una solicitud de medidas provisionales al Gobierno de Venezuela para proteger la vida y la integridad del personal que estas labora y personas privadas de libertad dentro del Internado Judicial de Monagas, conocido como cárcel de La Pica.
De acuerdo a la resolución de aquel entonces, se acordó “en virtud de la relación existente entre las condiciones de detención y la garantía de los derechos a la vida e integridad personal, es posible la protección de las personas privadas de libertad en un centro de reclusión a través de una orden de adopción de medidas urgentes”.
Sin embargo, los hechos siguen en aumento y hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial.
Enero comenzaba entre el sonido de minitecas, alcohol y compartir familiar en el Internado Judicial; la detonación de ráfagas de dispararos se confundieron con cohetes. Rodolfo Díaz de 22 años, fue asesinado por sus compañeros de celda; esto ocurrió luego de una situación irregular en el penal. El privado de libertad recibió un proyectil que se alojó en su cabeza, dejándolo sin vida en el sitio.
La violencia se hacía sentir a medida que avanzaban los meses, en febrero se registró el asesinato con armas de fuego de José Gregorio Lemus. Al joven de 30 años un proyectil le traspasó la cabeza.
La primera semana de marzo estuvo marcada por un nuevo episodio de violencia en la cárcel ubicada al nor-este de Maturín; el día 7, un joven que llevaba cinco meses recluido en la cárcel por robo, fue asesinado a tiros en la cabeza.
Familiares contaron que José Antonio Guacarán (23) vivía en El Tejero, donde lo detuvieron y enviado a prisión; los tribunales no habían acordado la condena.
Un supuesto suicidio fue reportado la siguiente semana. Sin embargo, se presume que la acción fue inducida por otros presos, como una forma de castigo impuesta por ellos. El fallecido fue identificado como Luis Hernández (31); su cuerpo fue ingresado a la morgue del hospital de Maturín el día 16 a las 2:24 am.
Llegó la pandemia y con ella la falta de atención médica, el encierro total y hermético, y el tratamiento para enfermedades muy comunes de las cárceles como Tuberculosis (TBC), arrebató la vida de José Gregorio Antequeda. El recluso dejó de respirar en uno de los pasillos de La Pica el 20 de abril.
Como este, muchos casos más de acuerdo con denuncias realizadas por organizaciones no gubernamentales como, Una Ventana a la Libertad (UVL) que hacen seguimiento a los focos infecciosos que se producen en los recintos penitenciarios y su repercusión en los reos. Todo esto producto del elevado número de detenidos y las condiciones en las que allí viven. Desde dormir en el suelo en un cartón, hasta la falta de agua para el aseo higiénico diario, contando alimentación y plagas.
Junio fue uno de los meses más sangrientos dentro del Internado Judicial de Monagas, dos penados murieron a manos de otros presos producto de rencillas por supuestas conductas que no eran de agrado para quienes lideran los penales.
Ángel Mendoza de 41 vivía antes de estar preso en Costo Arriba, la vida lo llevó a estar preso en La Pica, el día 9 fue ejecutado de varios impactos de bala.
No pasó mucho tiempo cuando una nueva ráfaga de disparos se escuchó desde la cárcel; Jean Carlos López de 31, murió de varios balazos regados en todo el cuerpo.
Se conoció que López estaba involucrado en un secuestro, cuya víctima estaba como rehén en el CPO, lo que ameritó la intervención del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (Conas), luego de varias horas, sus compañeros le dieron muerte. López era de Güiria, y al parecer seguía operando desde la cárcel. Tema este que se ha hecho constante en otros recintos del país.
Beiker Barreto de 27 años, engrosaba la lista de hechos de sangre dentro de la penitenciaria, recibió varios disparos y su cuerpo llevado a la morgue del hospital central; su prontuario no fue dado a conocer por las autoridades del penal.
Aunque era oriundo de los Valles del Tuy, estado Miranda, Yormen Díaz fue capturado por diferentes delitos y enviado a la cárcel en Monagas, falleció a corta edad, tenía 22. El reporte del caso refiere que presentó múltiples heridas por arma de fuego.
Dos presos murieron aparentemente por causa natural, uno el 6 y otro el 17 de septiembre, ambos fueron llevados a la sala de autopsia para el respectivo análisis forense.
Se trató de Erick González 27, quien dejó de existir tras complicaciones de salud, producto de ulceras gástricas; a él lo llevaron muerto al hospital, directo a la morgue. El fallecimiento también se añade a la falta de atención médica oportuna, dieta balanceada y tratamiento.
José Miguel López de 27, sufrió un paro cardíaco respiratorio que lo dejó sin vida según la información aportada de momento por funcionarios del Servicio Penitenciario.
El 21 de noviembre la visita en La Pica fue suspendida por una reyerta entre efectivos de la Guardia Nacional que custodian la entrada del sitio y reclusos de El Tren más Rápido.
Por fortuna no hubo muertos ni heridos. Luego de varias horas se pactó el cese al fuego entre autoridades y padres.
La hipótesis que se manejó desde adentro de la cárcel fue que se oyeron unos disparos dentro la base El Tren más rápido, los castrenses atribuyeron que era un ataque en su contra y se armó el campo de guerra.
El último mes del año marcó definitivamente a la opinión pública monaguense con un dantesco y macabro doble homicidio planificado desde los muros de la cárcel de La Pica y venganza de uno de los reclusos y familiares.
Por presuntamente abusar sexualmente de la visita de otro preso, Gregorio Contreras con tan sólo 23 años se condenó no sólo a las leyes terrenales sino a una muerte sin piedad.
El 9, le mutilaron algunas extremidades y posteriormente decapitado, la saña continuó y se hizo sentir en el sector Sabana Grande de la parroquia Las Cocuizas.
Allí la señora Maglis Contreras pagó las consecuencias de sus hijos, a ella la habían seguido sigilosamente desde que salió de La Pica hasta su vivienda; sus verdugos iban por otro de sus hijos, pero al no encontrarlo recibió varios disparos.
Con base en el artículo 63.2 de la Convección Americana, la Comisión Interamericana para la corte realizó la siguiente solicitud: