Luis Díaz, abogado tributario, considera que «el Gobierno le piensa poner una camisa de fuerza a los gobiernos locales con el proyecto de Ley de Armonización Tributaria que está en estos momentos en discusión en la Asamblea Nacional y que no solo viola abiertamente la Constitución Nacional, sino que pretende desconocer la Ley del Poder Municipal,, que fue tan peleada en años anteriores, regresando al centralismo, a que todo se decida en Caracas».
Indica Díaz que «ya le quitaron una competencia a las gobernaciones y a las alcaldías cuando pasaron a que las nóminas de los trabajadores las pagaran a través de la ONAPRE, ahora es mucho más grave porque los alcaldes y gobernadores dependerán de un organismo integrado por un representante de los gobernadores, un representante de los alcaldes y representantes del Ministerio de Comercio, que serán los que a la larga definirán todos los aspectos que están relacionados con el manejo de dinero, de esta manera ningún alcalde, ningún gobernador podrá definir sus recursos para la elaboración de obras, que por ser de ellos en su esencia, las deberían conocer mejor que cualquier representante nacional, esta ley cercena totalmente las atribuciones del Poder Municipal, la ley si se aprueba deja sin efecto todas las disposiciones y leyes que compiten a la materia tributaria y que son competencias del Poder Municipal, esta situación es un exabrupto desde donde se vea».
Explica Díaz que el municipio se maneja con tres tipos de impuestos, las tasas por concepto de servicios que debe pagar toda la población, los impuestos que se establecen a la actividad comercial propiamente dicha, y los impuestos especiales por plusvalía que están referidos al cobro que hace la municipalidad cuando efectúa una inversión en algún lugar determinado.
Para el abogado tributario se estaría violando el artículo 175 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que «las leyes que dictan el funcionamiento de las Alcaldías son determinadas por los Consejos Municipales y los dictámenes provienen de lo que se produzca por sus propios ingresos, también el artículo 180 establece la autonomía de las municipalidades, toda regulación en este sentido que viola la autonomía requerirá de una reforma de la Constitución Nacional.
-¿No tiene mucha coherencia que estando la mayoría de las gobernaciones y alcaldías en posesión del chavismo estén aupando leyes que vayan en menoscabo de la realidad municipal?
-Lo que pasa es que lamentablemente tenemos alcaldes y gobernadores que ni siquiera conocen donde están, cuáles son sus responsabilidades y competencias, mucho fue el adelanto que se logró en Venezuela a raíz de la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Municipal, ahora pretendemos echar todo esto por la borda…
-¿Cuál sería la verdadera intencionalidad que se persigue con esta Ley?
-Controlar todo tanto a los alcaldes chavistas como a opositores, es un retroceso en la estructura del Estado, hasta el momento lo que se trata es de darle un duro golpe a toda la estructura moderna del Estado, porque automáticamente desaparecerían los Concejos Municipales, qué van a hacer, cuáles serían sus responsabilidades y funciones, si esta Ley entra en vigencia…
Indica que son pocos los dolientes que este instrumento legal ha establecido, a él como abogado se le ha pedido una opinión por parte del Diputado Timoteo Zambrano, pero no ha visto ningún otro diputado opositor que se haya pronunciado hasta el momento, manifiesta que sorprende como el Ejecutivo Nacional no se ha pronunciado por el aumento del transporte que cercena el ya disminuido salario de los venezolanos, que el aumento de las tarifas, que es competencia exclusiva de las municipalidades se plegó tranquilamente a la decisión nacional sobre el aumento del transporte, sin pensar en la responsabilidad que tiene sobre los habitantes del municipio y dijo que le parecía absolutamente absurdo que justificaran el aumento del transporte en el hecho del aumento del salario, cuando ya no se sabia cuál era el dólar criminal, cuando la diferencia entre el dólar paralelo y el del BCV era tan pequeña.
Se refirió a que este proyecto de Ley había sido entregado por la Asociación de Alcaldes Bolivarianos de Venezuela, lo que demuestra la intención interventora y centralista del gobierno nacional.