Definitivamente la bolsa clap se ha convertido en el símbolo de la corrupción, la discriminación, el control político-social y la indignidad del régimen militarista de raíz marxista-leninista. Someter a los trabajadores activos y/o jubilados de varios sectores de los poderes públicos, así como a ciudadanos a depender para su alimentación de una bolsa de alimentos de mala calidad, seleccionados por un burócrata, ha terminado por evidenciar la miseria espiritual y material de una camarilla política que se niega a admitir su fracaso y a acatar los principios fundamentales de la democracia.
Un recurso al que puede apelarse en situaciones de catástrofe natural, ancianidad y/o calamidad de las personas, lo han convertido en una política permanente. Tanto en las comunidades más vulnerables, como en los organismos del estado donde se entregan como contraprestación por el trabajo una bolsa de alimentos, se somete a los ciudadanos a unos procesos extenuantes en lo físico, y denigrantes en lo espiritual.
Largas colas, maltrato verbal y hasta físico (de pie y al sol o el agua) deben soportar las personas para que el funcionario de la dictadura les entregue los escasos alimentos. Hay organismos públicos y sectores sociales en los cuales los ciudadanos agobiados terminan por no retirar la bolsa, quedando las mismas en manos de los funcionarios, quienes finalmente disponen de ellas a su particular interés. En la mayoría de los casos terminan vendiendo las mismas o llevándolas a sus hogares.
Entre tanto son millones las familias que no reciben ninguna atención, y que tampoco reciben un salario o pensión suficiente para alimentarse por más allá de dos días. Mucho meneos acceden a medicamentos o atención de salud en centros aptos para tal fin. ¿Será tan difícil entender que esta medida excepcional termina siendo ineficiente para atender al conjunto de la sociedad? Que lo sensato es transferir ese dinero de forma directa a las personas, en tanto se recupera la economía para pagar salarios dignos a los ciudadanos.
Seguramente no. Priva el interés populista, autoritario y corruptor sobre la lógica y sobre el derecho humano a la alimentación y al respeto de la dignidad de las personas.
En efecto la camarilla gobernante hace de la entrega de bolsas de alimentos un evento populista, propagandista, con el cual aprovechar, en lo inmediato, un rédito político sobre la base del hambre y la necesidad de un pueblo.
Detrás de ese evento populista se esconden los traficantes del hambre. Utilizan la pobreza de una nación para enriquecerse de forma obscena. Los alimentos han sido el burladero utilizado de forma más recurrente, durante esta etapa del “socialismo del siglo XXI”, para saquear de manera recurrente y elevada las finanzas públicas.
La lista de estafas y robos descarados cometidos con la hipócrita consigna” de la “seguridad alimentaria”, del “sagrado derecho a la alimentación” es ya larga y demostrativa de la complicidad de la camarilla política y militar en su misión de saquear al país, como en efecto lo han logrado.
Recordemos cómo en tiempos del boom petrolero, primero, y luego en el de control de cambios después, se dedicaron para “alimentar a nuestro pueblo” más de 50 mil millones de dólares. De cada 100 dólares aprobados para tal fin, terminaban llegando a determinados sectores no más de 20 dólares.
Recordemos los presupuestos de MERCAL, CASA, PDVAL y últimamente el famoso CLAP. En estas tiendas oficiales se perdieron miles de millones de dólares en instalaciones, equipos y mercancías. Las mismas, manejadas con criterios clientelares y sin ningún tipo de control, sirvieron para que miles de burócratas de la revolución terminaran ricos a consta de explotar la pobreza.
El ministerio de alimentación, manejado por una legión de generales, fue en una etapa el gran barril sin fondos de la “solidaridad alimentaria”. Este ministerio, así como las empresas antes citadas, decidieron resolver el hambre importando a precios exorbitantes (jamás existió control alguno) alimentos facturados como de primera calidad, pero concretada la operación con productos de segunda o tercera calidad. La situación llegó al extremo de importar carne, leche, pollo y otros productos descompuestos, que al llegar a puertos venezolanos eran trasladados a los basureros (aquí no podemos hablar de rellenos sanitarios porque no existen), enterrados en fosas o simplemente dejados en algún lugar deshabitado. (ver informe de transparencia Venezuela. https://transparencia.org.ve/project/de-pdval-a-pudreval/).
La importación de alimentos fue la gran excusa para obtener dólares preferenciales en tiempos de Hugo Chávez. Más de 70 mil millones de dólares se asignaron para importar alimentos o insumos para su producción. Las centrífugas que se crearon entonces han sido sepultadas por la complicidad del estado autoritario que hoy Maduro comanda. Es una tarea pendiente, hacer justicia con ese monumental robo a la nación. La lista de funcionarios es larga y alcanza a los más altos niveles de la nomenclatura oficial.
Pero dónde la corrupción con los alimentos tomó cuerpo de forma escandalosa es con la incorporación de Alex Saab al negocio de los CLAP. Este ciudadano colombiano logró ingresar al círculo de los preferidos de la cúpula roja, hasta convertirse en el gran “proveedor” de las bolsas de la corrupción y la indignidad.
El volumen de recursos financieros asignados a ese propósito es desconocido. La opacidad del régimen, la falta de un parlamento que ejerza el control político, la ausencia de Contraloría y Fiscalía impiden conocer la magnitud de la estafa adelantada por el personaje que hoy está sometido a la justicia norteamericana, y por el cual el régimen socialista ha partido lanzas en su agenda política.
Parte de la estafa se pudo conocer con la asignación que el ejecutivo nacional le hizo a una empresa creada por mi sucesor en la gobernación del Táchira, el capitán Vielma Mora, denominada CABISERTA (Comercializadora de Bienes y Servicios del Táchira). Solo en el primer año le consignaron 340 millones de dólares para que Alex SAAB tuviese cómo importar las citadas bolsas, las cuales según el informe costó 34 dólares al estado venezolano. Hubiese resultado más eficiente y transparente haber concedido un subsidio directo a las familias, pero el entramado de corrupción no podía perder ese manantial de dólares que representaba “la seguridad alimentaria”.
Toda esa operación, en estos tiempos de Maduro en Miraflores, se ha hecho bajo la excusa del supuesto bloqueo. Cuando es público y notorio que aquí no hay ningún impedimento para que quien lo pueda hacer, importe desde cualquier rincón del mundo alimentos, medicamentos e insumos de toda clase. Si alguien tiene duda solo debe hacer una gira por los bodegones instalados en el este caraqueño y en otras ciudades, donde se encuentra todo tipo de alimentos y exquisiteces traídos desde Asia, Europa y América.
Exquisiteces que no se ven en las bolsas socialistas, pero que si están en la mesa de toda la camarilla roja y sus anexos. En los hogares del resto de la sociedad solo hay unos pocos productos. Nuestra gente come lo que el régimen quiere que coman, no lo que cada persona quiera o desee. Es una forma humillante de privar a los ciudadanos de su libertad. Libertad para elegir lo que quiere comer, de acceder a los alimentos en el momento que lo decida. Aquí eso ocurre cuando el régimen lo ordena y en las condiciones por el establecidas. De modo que la bolsa clap termina siendo un emblema de la restricción brutal de derechos humanos fundamentales como el de la alimentación, el salario digno, la seguridad social, la libertad, el descanso y la salud.
Las bolsas de alimentos han terminado por evidenciar la podredumbre de un modelo político y económico que debemos sustituir. A lograr ese objetivo dedicamos nuestro tiempo, nuestra voluntad y nuestra lucha.