Las crisis tienen algunas virtudes. Una de ellas es poner en evidencia desequilibrios y desviaciones no advertidos o que no han podido ser suficientemente valorados.
Tres destacadas soluciones ideadas y puestas en ejecución para resolver problemas de envergadura que se generaron durante la pandemia mundial del COVID nos permiten reflexionar sobre el tema: una es la gigantesca inyección de dinero puesta en circulación en las grandes economías para contrarrestar los efectos del COVID; otra la decisión de igualar las tasas de impuestos corporativos en las economías de países desarrollados; y la tercera deriva de las revelaciones de los Pandora Papers.
Los 12 billones de dólares acordados en junio pasado por los líderes del G7 para revitalizar las economías afectadas por la pandemia, al igual que los programas de ayuda a los ciudadanos y a las empresas acordados en Estados Unidos y en otros países para sostener la producción y el poder de compra, comienzan a mostrar el riesgo de fomentar una onda inflacionaria, de generar desarticulaciones en la cadena productiva y de incrementar el monto de la deuda, frente a lo cual asoma la necesidad de mayores impuestos en cada localidad. Lo ha advertido Lawrence Henry “Larry” Summers, secretario del Tesoro en la presidencia de Clinton, cuando ha asegurado que “durante el peor momento de esta pandemia, los países de altos ingresos brindaron una escala de generosidad fiscal y monetaria solo vista durante las guerras mundiales”. Este experto en temas económicos globales ve, por tanto, con preocupación, el posible despilfarro de recursos y, especialmente, los efectos de estas medidas sobre el riesgo cierto de una aceleración inflacionaria global.
El tema de la tributación aparece con el anuncio de la OCDE de un acuerdo sobre una tasa mínima global de impuestos corporativos del 15%, que deberá entrar en vigor en 2023. El acuerdo, firmado por 136 países y jurisdicciones que representan más del 90% del PIB mundial, señala un cambio en la política fiscal global porque obliga, además, a las empresas, a pagar impuestos en los sitios donde operan y no solo donde mantienen su sede. La medida, estimulada parcialmente por la crisis del coronavirus y la necesidad de ingresos fiscales, está dirigida a lograr una cierta uniformidad en la capacidad de los países de cobrar tributos sin recurrir al subterfugio de constituirse en paraísos fiscales. El acuerdo marca un gran cambio para economías pequeñas, como la de Irlanda, que han atraído a empresas internacionales, en gran medida a través de una tasa impositiva más baja.
Finalmente, las revelaciones de los Pandora Papers, resultado de una investigación de cerca de 12 millones de documentos que revelan los flujos de dinero, propiedades y otros activos ocultos en el sistema financiero offshore. Los registros obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) provienen de 14 firmas financieras offshore que operan en todo el mundo. Las informaciones enfatizan en la participación de personalidades y líderes políticos y demuestran cómo el secreto protege importantes movimientos de capitales, muchas veces de origen oscuro, y lo hace en desmedro de los gobiernos, los acreedores y la población. Más allá del escándalo o de la condena anticipada, la revelación pone en evidencia la desconfianza en las instituciones nacionales y la maraña de mecanismos para burlar la legalidad, evadir obligaciones fiscales y beneficiarse del silencio y el ocultamiento.
La atención al riesgo inflacionario, al desequilibrio en las tasas impositivas y a los modos de evasión de obligaciones fiscales y ocultamiento de capitales han reclamado correctivos inmediatos y el mundo occidental los está tomando. Pensar en los desequilibrios o desviaciones, generados o visibilizados en tiempos de pandemia, está llevando a proponer medidas para modernizar el capitalismo. Los líderes del G7, reunidos en junio pasado, por ejemplo, declararon su voluntad de cambiar su enfoque de simple respuesta a la crisis por otro de “promoción del crecimiento hacia el futuro, con planes que creen empleos, inviertan en infraestructura, impulsen la innovación, apoyen a las personas y promuevan la igualdad”.
Si los propósitos se cumplen, el mundo puede alegrarse de las posibilidades de rectificación que estos correctivos promueven.