Nuevamente se vuelven a tensar las relaciones entre Venezuela y la Unión Europea con la decisión de la Asamblea Nacional de solicitarle al presidente Nicolás Maduro la expulsión de la Embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brilhante, luego que el organismo sancionara a 19 funcionarios por lo que denominaron violación de los derechos humanos al aupar la realización de las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre.
Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y la Unión Europea están expuestas en el documento estratégico 2007-2013 que presenta los objetivos de la cooperación financiera entre la Unión Europea y Venezuela: el apoyo a la modernización y a la descentralización de Venezuela y a la diversificación de la economía.1
Pero esto es en el papel , en la práctica las relaciones se enrarecieron desde que en 2017 Venezuela se convirtió en el primer país latinoamericano en ser sancionado por la UE, Así, en noviembre de 2017, los estados miembro de la EU anunciaron un embargo de armas, abriéndose la posibilidad también a futuras sanciones personales.
El 18 de enero de 2018 la UE aprobó sancionar a siete funcionarios venezolanos, señalados por la primera como responsables de la represión en el país imponiéndoles así una congelación de activos y la prohibición de entrada a la UE.
En junio de 2020, el gobierno venezolano anunció la expulsión de la enviada de la UE en Venezuela, Isabel Brilhante Pedrosa, como retaliación en respuesta al anuncio de nuevas sanciones dirigidas hacia 11 altos cargos de la administración venezolana por parte de la UE, entidad a la cual el presidente venezolano, Nicolás Maduro, tachó de «supremacista»; el alto representante de la UE Josep Borrell anticipó que se respondería con «reciprocidad»
A juicio de los expertos, la Unión Europea se sigue enfrentando al reto de establecer nuevas estrategias de negociación para que tengan lugar unas elecciones que cumplan con los estándares internacionales de transparencia.
“La UE no es equidistante, tiene una posición clara. Quiere la recuperación de la democracia en Venezuela, pero el hecho que quiera una solución democrática no significa que tenga que aceptar las estrategias que en determinado momento ha planeado la oposición, de derrocamiento violento del gobierno”, dijo el máximo representante del organismo Josep Borrell.
Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores de España, por su parte resaltó que si bien España tiene una “voz especial” cuando se trata de América Latina, “la Unión Europea es la Unión Europea”, con su estructura política y legal.
Recordó el apoyo del actual gobierno español, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, a la causa venezolana. Colocó como ejemplo el recibimiento del líder opositor Leopoldo López , primero en su embajada en Caracas y luego en Madrid, además del reconocimiento al gobierno interino venezolano, liderado por Juan Guaidó.
Palacio indicó que si bien se puede hablar de más “efectividad” y la necesidad de avanzar en las acciones europeas sobre la situación en Venezuela, también es necesario el trabajo conjunto de los venezolanos, los europeos, los países de la región y EE.UU.
“Es un tanto complicado”, indicó Palacio. La exministra destacó la importancia de EE.UU. en la conversación y abogó por un mayor multilateralismo por parte de Washington.
Nuevas sanciones
El Consejo de la Unión Europea amplió este 22 de febrero las sanciones contra Venezuela, centrando la acción contra 19 altos funcionarios, entre jueces, políticos y militares, implicados en el proceso electoral del pasado 6 de diciembre y la «violación de derechos fundamentales» en el país.
Con esta nueva ronda de sanciones, la ‘lista roja’ de la UE pasa de 36 a 55 individuos, entre ellos la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y Diosdado Cabello, hombre de confianza y número dos de la Administración de Nicolás Maduro.
La decisión afecta también al Consejo Nacional Electoral, empezando por su presidenta, Indira Alfonzo. Perjudica igualmente al Ejército venezolano, incluyendo a líderes como Remigio Ceballos, comandante del máximo órgano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Entre los políticos chavistas afectados destaca el gobernador de Zulia, Omar Prieto Fernández, al que la UE acusa de menoscabar la democracia y promover las elecciones «ilegítimas».
Las nuevas restricciones recaen sobre varios diputados de la Asamblea Nacional, constituida el 5 de enero y «no elegida democráticamente» según la UE, y varios magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo venezolano por «usurpar los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional» y «menoscabar los derechos de la oposición».
Las sanciones implican la prohibición de entrar al territorio comunitario y la congelación de los activos y bienes que tengan en la Unión Europea.
«Los individuos añadidos a la lista son responsables, en particular, de menoscabar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y por serias violaciones de los derechos humanos y restricciones de libertades fundamentales», argumentaron los ‘Veintisiete’ en un comunicado.
Esta es la respuesta del bloque europeo a un proceso electoral que tacha de fraude y del que no reconocen el resultado. En efecto, los ‘Veintisiete’ consideran que las elecciones legislativas de diciembre, boicoteadas por parte de la oposición, no cumplieron los estándares democráticos.
Pese a las sanciones, la UE reiteró este lunes su disposición a continuar «trabajando y colaborando con todos los actores en Venezuela» para promover un «diálogo pacífico y democrático».
La Unión Europea mantiene así que el líder opositor Juan Guaidó es un interlocutor para la salida a la crisis venezolana, pero ha evitado extender el reconocimiento del actual parlamentario como presidente encargad
La situación se vuelve mas tensa con la decisión de la Asamblea Nacional de solicitarle nuevamente a Nicolás Maduro que expulse a Isabel Brilhante, la embajadora de la Unión Europea.