Tras el escándalo desatado en el país por el informe parlamentario que documentaba el abuso sexual a menores en algunos albergues, el presidente panameño, Laurentino Cortizo, dio plazo de quince días al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para la creación de una ley que aumente las sanciones por dicho delito cometido a los pequeños.
“Los autores responsables de los delitos cometidos contra los derechos de las niñas, los niños y adolescentes deben ser castigados con el máximo rigor de la ley, sin contemplaciones”, dijo Cortizo, acompañado de la primera dama, Jazmín de Cortizo, en una alocución televisiva.
También prometió hacer entrega de recursos al Órgano Judicial para que procese con celeridad los casos sobre violación de los derechos de los niños y reconoció “la necesidad de fortalecer la protección integral” de los menores en el país, reseñaron medios locales.
De acuerdo con el diario La Jornada, una subcomisión parlamentaria presentó la semana pasada un informe con varias denuncias sobre la violación, maltratos psicológicos y físicos que sufrieron decenas de niños y niñas, muchos con algún grado de discapacidad, incluida mala alimentación y condición de vida deplorable, desde 2017 en al menos 14 albergues bajo la supervisión del Estado.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), está entre los implicados por el escándalo por sus funciones de supervisar instituciones de protección o albergues en todo el territorio nacional.
Las protestas por estos delitos contra menores continuaron el pasado miércoles frente a la sede de la Senniaf, en las que activistas de derechos humanos han asegurado que distintas autoridades de esta Secretaría “sabían de los abusos”, han exigido que “el Estado deje de ser cómplice” y que dé “respuestas y justicia”.
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