El mandatario ecuatoriano hizo un llamado a la comunidad internacional para advertir este intento de desestabilizar la democracia en el país

Por: Jefferson Civira  |   25 Jun, 2022 - 11:49 am

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, denunció este viernes un intento de golpe de Estado promovido por los líderes de las protestas contra su gobierno. Quienes horas antes deslizaron la posibilidad de iniciar en la Asamblea Nacional (Parlamento) un proceso para destituir al jefe del Estado.

En un mensaje a la nación difundido por televisión y redes sociales, Lasso hizo «un llamado a la comunidad internacional para advertir este intento de desestabilizar la democracia en el Ecuador». Esto ante la propuesta de su destitución, que también fue valorada por los asambleístas afines al correísmo.

El mandatario acusó al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, principal promotor de las movilizaciones, de buscar «el derrocamiento del gobierno». Principalmente, tras anunciar este que Pachakutik, brazo político de la Conaie, evaluará solicitar en la Asamblea la destitución de Lasso.

El gobernante lamentó que ese anuncio realizado por Iza llegue después de que el gobierno aceptase su solicitud de dejar al movimiento indígena ingresar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto para instaurar una «asamblea popular», una de las condiciones que el dirigente había puesto para aceptar dialogar con el Ejecutivo.

Lasso también se mostró sorprendido de que este viernes la Conaie y Pachakutik hablen de promover su destitución en el Parlamento cuando el día anterior. Según afirmó, habían llegado a un acuerdo con representantes del movimiento indígena.

«Esto nos deja claro que él (Iza) nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas. Lo único que buscaba era engañar a sus bases y usurpar el gobierno legalmente constituido». Así lo afirmó Lasso, quien desde un primer momento ofreció sentarse a dialogar con los promotores de las protestas.

En ese sentido, el presidente ecuatoriano agradeció las muestras de apoyo brindadas por otros partidos. Entre ellos la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano, quienes de oponerse a cualquier intento de destituirlo, implicaría elecciones generales anticipadas.

La Constitución ecuatoriana, en el numeral 2 de su artículo 130, contempla la posibilidad de destituir al gobernante «por grave crisis política y conmoción interna». Situación que puede ocurrir en 72 horas una vez aceptada la moción.

Para proceder a la destitución se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea. De prosperar la destitución, el vicepresidente asumiría la Presidencia.

En un plazo máximo de siete días después de la publicación de la resolución de la destitución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocaría para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas.

En su mensaje, el presidente ecuatoriano consideró que «el señor Iza ya no puede controlar la situación». Mucho menos «la violencia perpetrada por criminales infiltrados a quienes se le fue de las manos». Por ende anunció que el «gobierno nacional utilizará todos los recursos que la ley le faculta para enfrentar a los vándalos y criminales.

«La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuarán con los medios necesarios para defender, dentro del marco legal. Junto al uso progresivo de la fuerza, el orden público y la democracia». Así lo advirtió Lasso.

Evalúan usar munición letal

Minutos antes, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, ya había anticipado que la Policía evaluaba comenzar a usar armamento letal (perdigones) contra los manifestantes al afirmar que hay protestantes que están usando ya esa munición contra las fuerzas de seguridad.

Este anuncio llegó en el duodécimo día consecutivo de protestas donde la Conaie exige el cumplimiento de un pliego de diez demandas, con puntos como que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios de productos de primera necesidad, que no se privaticen empresas estatales y que no se amplíe la actividad petrolera y minera en la Amazonía.

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