La tensión ha escalado en las calles y carreteras de Quito después de ocho días de protestas del movimiento indígena por el encarecimiento de la vida y la falta de ayudas del Gobierno. Los enfrentamientos entre policías, con gases lacrimógenos y toletes [porras], y los manifestantes, con palos y piedras, ya habían dejado heridos en la primera semana de convulsión en Ecuador. Pero este martes la violencia ha intoxicado todo el conflicto. “La democracia de Ecuador está en serio riesgo”, ha anunciado por la mañana el ministro de Defensa, Luis Lara, un día después de que el Gobierno declarara el estado de excepción en las provincias afectadas por los paros y el bloqueo de carreteras.
La policía se mueve por la capital con el equipo de protección antimotines y algunos agentes a caballo. Los periodistas son recibidos con insultos, y quienes bloquean las carreteras exigen un tributo de paso para salir o volver a casa. Los mercados de las ciudades amanecieron cerrados y hay manifestantes caminando por las calles de la capital ecuatoriana con la cara cubierta y con escudos improvisados. Hay un muerto y decenas de heridos de ambos bandos. La Fiscalía ha abierto una investigación por presunto delito de odio contra indígenas por un episodio con disparos en la madrugada del lunes.
Lara deslegitimó las protestas por haberse convertido en una “acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de ecuatorianos”, y criticó las “acciones de grupos violentos cuyo único objetivo es crear pánico, agrediendo y extorsionando a las empresas, a las instituciones y a las autoridades”. El pronunciamiento del titular de Defensa este martes era la antesala a una jornada clave en la que el líder indígena Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y rostro de las protestas, ofreció una respuesta al llamado a dialogar del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.
“Nosotros, el movimiento indígena del Ecuador, hemos decidido mantenernos en la lucha y en resistencia, como un derecho de los ecuatorianos”, lanzó Iza en la madrugada del lunes en una aparición inesperada desde Quito. Había anunciado que marcharía desde las afueras de la capital hasta el centro juntos a los suyos, pero no lo hizo. “Jamás estaremos de acuerdo en escoger como estrategia la fuerza bélica”, respondió ante los mensajes del Gobierno, en los que se increpa a la Conaie por el clima de conflicto que vive el país cada vez que convocan una protesta. Finalmente, se mostró presto a “agotar todos los procedimientos dentro de lo político” para sentarse a dialogar.
El mandatario del país latinoamericano había lanzado el sábado una lista de 10 propuestas de acercamiento que fueron precisadas el lunes en una carta difundida públicamente y que correspondían a las peticiones del movimiento indígena. Solo entonces, con el detallado documento en mano, Iza se hizo eco de las ofertas y prometió estudiarlas antes de confirmar o descartar si se sienta a negociar con el Gobierno.
El principal interlocutor de los manifestantes, que había pedido no enturbiar la protesta legítima con actos violentos, exige al Estado ayudas para sobrellevar la carestía económica que ha empobrecido a los más pobres de las zonas rurales de Ecuador. La última vez que la Confederación de Nacionalidades Indígenas se levantó en protesta por el malestar social de su población, en octubre de 2019, el caos se apoderó de Quito, el país entero quedó paralizado durante 20 días y solo llegó la paz con mediación de Naciones Unidas y de la Iglesia católica, cuando el entonces presidente Lenín Moreno dio marcha atrás en su decisión de eliminar la ayuda estatal al combustible para el consumidor. Esta vez, la invitación a negociar viene de la ONU y de la Unión Europea, pero la Conaie no da el paso de sentarse a la mesa.
Entre las 10 peticiones de los manifestantes indígenas vuelve a estar hoy la congelación de precios de las gasolinas de uso cotidiano y transporte, que se dispararon por la cotización internacional del petróleo. Pero también pretenden que los bancos privados y la banca pública perdonen y extiendan el plazo de pago de deudas a cuatro millones de ecuatorianos. Que el Gobierno aplace sus planes para aumentar la frontera minera extractiva y que el Estado pague lo que le debe al sistema de Seguridad Social. Así como implementar políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral, corregir el desabastecimiento generalizado de medicinas en los hospitales públicos y establecer un control de precios contra la especulación de los mercados de abastos en alimentos y víveres de primera necesidad.