Efectivos de la policía de Nicaragua arrestó la noche del martes 15 de junio al gerente general del Banco de la Producción (Banpro), Luis Rivas Anduray, luego que se anunciara una supuesta investigación en su contra por presuntamente pedir intervención militar en el país e «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos» de la nación.
Rivas Anduray se suma a la larga lista de personas arrestadas en los últimos días por el Gobierno del Daniel Ortega, incluidos cuatro candidatos a la Presidencia, cuando faltan cerca de cinco meses para los comicios presidenciales. Con el arresto del banquero, la misma de detenidos por motivos políticos asciende a 14.
El alto ejecutivo, es el segundo empresario en ser detenido tras el arresto del líder del gremio empresarial, José Adán Aguerri, quien fue apresado hace una semana bajo los mismos cargos que Rivas.
Este nuevo arresto en Nicaragua ocurre luego que una mayoría de países en la Organización de Estados Americanos (OEA) exigiera la liberación «inmediata» de los aspirantes a la Presidencia que fueron detenidos en días pasados, así como también de todos los presos políticos.
La iniciativa, impulsada por Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, EEUU, Paraguay y Perú, superó sin problema la barrera de 18 votos que necesitaba para ser aprobada al recibir el respaldo de 26 de los 34 países que son miembros activos de la OEA.
Tuvo los votos en contra de Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas; mientras que se abstuvieron Honduras, Belice, Dominica, México y Argentina. Estos dos últimos países, a pesar de manifestar su preocupación por los arrestos a opositores, se mostraron en contra de intervenir en los asuntos internos de la nación centroamericana.
«No estamos de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos, tan caro a nuestra historia», señalaron los Gobiernos argentino y mexicano en un comunicado conjunto emitido por la Cancillería argentina.
Por otro lado, Uruguay emitió un comunicado donde insta a las autoridades nicaragüenses a liberar a todos los presos políticos del país y encauzar el “proceso democrático” rumbo a los comicios.
“Uruguay rechaza la detención y persecución penal a la que han sido sometidos dirigentes políticos de oposición y posibles candidatos en los referidos comicios, lo cual va en sentido contrario de los principios que deben regir un acto democrático de esa naturaleza”, dice el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.
Según un informe emanado por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, el número de presos políticos en el país ascendió a 134 durante el mes de junio. De ese número, 124 fueron detenidos desde que en abril de 2018 iniciaran las protestas contra la administración de Daniel Ortega.
El Gobierno de Nicaragua emitió un comunicado el lunes 14 de junio en el que defiende el arresto a varios líderes opositores -10 personas en los últimos 15 días- y advirtió que cualquier crítica que se haga desde fuera del país será visto como un «ataque frontal».
En ese sentido, exigió la no injerencia de naciones extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua y recalcó que ese país centroamericano no representa amenaza alguna para la comunidad internacional, por lo que demandó que cesaran las sanciones en contra de esa nación que, según dijo, en tiempos de pandemia “eleva su ilegalidad al nivel de crimen de lesa humanidad”.
En la lista de arrestados, además de los cuatro candidatos opositores, hay dos exvicecancilleres, dos líderes históricos sandinistas, un exdirigente sindical y tres mujeres líderes de movimientos que adversan a Ortega.