Nadie niega el derecho a los colombianos a protestar contra la reforma tributaria; todo el mundo sabe que hubo excesos policiales, que reino la anarquía y el pillaje en las manifestaciones, pero lo que está claro es el elemento político, la cercanía de las elecciones presidenciales en todo el problema.
Las protestas en Colombia cumplieron más de 10 días y la situación en el vecino país sigue caldeada, a pesar de que la principal razón de las manifestaciones -la reforma tributaria que impulsó el presidente Iván Duque y que afectaría, entre otras cosas, el impuesto a productos de uso básico para la población- fue retirada del Congreso.
El 4 de mayo fue Bogotá la ciudad que registró mayores problemas al contabilizar 91 personas heridas en el marco de un paro nacional que afecta, además, a metrópolis como Medellín y Cali, dos de las mayores urbes neogranadinas. Solamente en la capital de Colombia se registraron 72 civiles y 19 policías heridos en una jornada donde fueron atacadas 23 estaciones de policía, una de ellas fue incendiada con 10 agentes dentro.
En Cali, urbe que ha convertido en uno de los epicentros de las manifestaciones, se registraron intercambios de disparos, denuncias sobre abusos policiales -cosa que niegan las autoridades al decir que actúan bajo las premisas de derechos humanos- y la caída de los servicios de internet, lo que impediría seguir subiendo contenido en las redes sociales sobre lo que ocurre en el país.
La Fiscalía colombiana estableció un vínculo entre “los desórdenes y hechos vandálicos” que hay en Cali con elementos relacionados con el narcotráfico y la disidencia de las FARC; misma que tiene azotada a la población de La Victoria, en Apure, y que está en francos combates con la Fuerza Armada Nacional venezolana.
El presidente colombiano expresó que no descarta reunirse con el senador Gustavo Petro, quien ha sido uno de sus detractores más fuertes, y con el expresidente Juan Manuel Santos, quien en la víspera se puso a la orden del Ejecutivo para buscar diálogo y entendimiento que permitan cesar la ola de violencia que azota a la nación.
“No soy persona de sesgos. Muchas personas me decían si me reuniría con Timochenko, me he reuní con él. Si lo he hecho con él, ¿Cómo no me voy a reunir con otros dirigentes políticos? Los espacios de conversación uno no los puede cercenar”, enfatizó el jefe de Estado.
Tampoco descarta que se decrete un «estado de conmoción interna» debido al recrudecimiento de las manifestaciones que se han tornado violentas en muchos casos, elemento que se puede analizar si es necesario que se aplique.
Al igual que la Fiscalía, Duque buscó responsables de lo ocurrido en elementos irregulares que podrían estar detrás de una ola desestabilizadora, y aclaró que aunque existe el derecho a protestar de forma pacífica, las conductas de daños a la infraestructura y «terrorismo urbano», se ven obligados a tomar acciones.
Con todo el panorama, se anunció que el próximo 10 de mayo se inicia un diálogo entre los voceros del Gobierno y quienes dirigen el paro nacional, de acuerdo a lo dicho al diario El Espectador por el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien dijo que se discutirán seis grandes temas: vacunación masiva; reactivación segura y desarrollo social; no violencia; protección de los más vulnerables; estabilización de las finanzas públicas y matrícula cero.
Para la internacionalista Giovanna de Michelle, los ciudadanos colombianos tienen derecho a protestar por el proyecto de Ley (de reforma tributaria) que puede afectar el bolsillo a una gran cantidad de personas, pero, a su juicio, lo que no debió pasar es el «nivel de vandalismo» que se ha registrado en las calles de varias ciudades en el vecino país y que obligó el accionar de los cuerpos de seguridad.
Si bien mencionó que se registraron «algunos excesos» por parte de la fuerza pública, los mismos son resultado directo de la escalada de violencia registrada en las calles en la última semana. Cree además que la situación actual que padece Colombia tiene relación con las protestas que se vivieron en el año 2019. En esa oportunidad, las acciones de calle comenzaron por el eventual descontento de algunos ciudadanos frente a las políticas económicas, sociales y ambientales del Gobierno: presuntos casos de corrupción; por el manejo que se le habría dado a los acuerdos de paz con las FARC-EP; y la muerte de algunos líderes sociales.