Votantes muertos y negativa a observación internacional son parte de las desinformaciones de una “preocupante” campaña en Perú contra los organismos electorales para instaurar la idea de un fraude, según denunció Fernando Tuesta, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
En una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), Tuesta aseguró que “nunca se ha tratado de deslegitimar el proceso electoral como ahora”, donde en un clima de absoluta polarización y tensión compiten por la Presidencia de Perú los candidatos Pedro Castillo (izquierda) y Keiko Fujimori (derecha).
“La campaña contra los organismos electorales es enorme y va dirigida a decir: ‘si no gano, es fraude‘”, algo que el sociólogo y politólogo ve imposible que ocurra porque “hay protocolos y condiciones de seguridad muy grandes”.
“No es posible hacer fraude en Perú a no ser que tengas una captura institucional intensa de todos los organismos electorales y comprada la prensa y otras instituciones, y ni así puedes cubrir un fraude. Después de la experiencia de 2000, en Perú no hay ni habrá fraude en las condiciones actuales de nuestro país”, agregó.
Sin embargo, durante los últimos días se ha presentado como presunta evidencia de fraude que en el padrón electoral haya personas fallecidas, algo que es habitual porque el registro se cierra un año antes de la elección, tiempo en el que ha muerto gente, especialmente por covid-19.
También ha habido denuncias de grupos de observadores que afirman no haber recibido el permiso para hacer su labor, lo que se ha producido por haberlo solicitado al margen del plazo y en otros casos por no tener experiencia previa, según detalló Tuesta.
“Estos grupos están ligados muchos de ellos de manera directa o indirecta a los candidatos. Esto no lo pueden tener los grupos de observación. El observador adquiere un estatus de reconocimiento del Estado. No puede venir cualquier grupo que diga que quiere observar y se le da la acreditación”, apuntó.
Tuesta recordó que ya hay en el Perú misiones internacionales de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), que ya emitió un primer informe donde en ningún momento sugiere la posibilidad de un fraude.
Para el analista político, esta campaña “es sumamente peligrosa en este barullo de intolerancia, donde cualquier cosa es asociado con fraude”.
“Si hay, como parece que habrá, un resultado ajustado, me temo que el perdedor no lo va a aceptar. El mejor escenario sería que, cualquiera quien gane, lo haga con una diferencia de 4% o 5% para que no sea cuestionado”, advirtió.
En ese sentido, Tuesta recordó la oposición obstruccionista y feroz que Fujimori hizo desde el Congreso, que controlaba con mayoría absoluta, al Gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2018-2020) después de que creyera que hubo fraude en 2016, cuando perdió por 40 mil votos, aunque nunca lo denunció.
“Es uno de los aspectos más peligrosos que podrían llevar a niveles de inestabilidad incontrolables”, anticipó.
Tuesta también auguró que “cualquiera de los dos no va a ser un Gobierno movilizador que produzca entusiasmos y legitimidades altas” y producirá “otro momento de crisis no resuelta”, porque “son dos candidaturas tienen profundos problemas de poder conectarse”.
Para la analista Giovanna Peñaflor, en Perú existen las condiciones de descontento social para que se dé un estallido de protestas similares a los de Chile o Colombia, pero no cree que ocurra porque buena parte de la población se resigna fácilmente para aceptar que “las cosas son así”.
“Más me preocupa que volviera a aparecer en el país la sensación de que a través de las elecciones no se pudieran lograr los cambios que el país”, apuntó.
Asimismo, el politólogo Gonzalo Banda advirtió que, si gana Castillo, “va a tener que cumplir rápidamente con las expectativas y la multitud va a exigirlo resultados prontos”.
Una de sus principales promesas en la convocatoria de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución, algo que en experiencias similares en Bolivia o Ecuador no se dieron este tipo de cambios hasta la parte final de los primeros mandatos de los expresidentes Evo Morales y Rafael Correa.