Una violenta reyerta entre reclusos de la Penitenciaría de El Litoral, en Guayaquil, Ecuador, que se produjo el pasado martes 28 de septiembre, ha dejado hasta la fecha 116 fallecidos y cerca de un centenar de heridos según reseñan medios internacionales citando a sus homólogos locales.
En un principio se estableció el número de fallecidos en 30 y el de lesionados en unos 57, pero la cifra aumentó drásticamente cuando los cuerpos de seguridad pudieron ingresar a los diferentes pabellones del hacinado reclusorio.
Varios cuerpos estaban decapitados y muchos familiares de los reclusos que acudieron a las afueras del penal para tener noticias de ellos solo supieron que estaban muertos por lo que se había difundido en videos, de extrema crudeza, que se realizaron en el interior de las instalaciones.
Anta las terribles dimensiones que ha tomado el conflicto carcelario en el país andino, el presidente Guillermo Lasso Lasso se trasladó de emergencia a la ciudad costera para convocar al Gabinete de crisis.
“Es lamentable que pretendan convertir las cárceles en un territorio en disputa del poder por parte de bandas delincuenciales”, denunció el jefe de Estado en la rueda de prensa posterior a la reunión. Se anunció un estado de excepción en todas las cárceles por 60 días que persigue restaurar la convivencia y, según repitió con énfasis Lasso, garantizar los derechos humanos de los presos.
La medida también se sustenta en la presunción de que estos enfrentamientos internos puedan replicarse, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores.
La violencia carcelaria en Ecuador se ha atribuido a bandas criminales ligadas al narcotráfico que buscan controlar el poder dentro de los centros de reclusión. Se las considera “una amenaza para el Estado” y con “un poder igual o superior al propio Estado”.
Según Fausto Cobo, ahora director del Centro de Inteligencia ecuatoriano, apaciguar la cárcel de Guayaquil es un “tema tan grave” porque las fuerzas del orden tienen que entrar a los pabellones “con escudos y sin armas mientras que ellos están con granadas, fusiles y pistolas”.
Cobo presentó en agosto un plan de acción a largo plazo para resolver la emergencia carcelaria que, según el presidente Lasso, va a acelerarse ahora que los episodios de amotinamiento superan los 300 muertos en 2021. En febrero, un enfrentamiento coordinado y simultáneo en cuatro prisiones dejó 79 muertos cuando aún gobernaba Lenín Moreno. Para Lasso es el segundo incidente grave que enfrenta en sus tres primeros meses de gestión tras los 22 fallecidos de un doble motín en julio. Sobre esta nueva crisis, el mandatario admitió que la situación no está controlada y que la cifra de víctimas aún podría aumentar.
Además de las disputas de las bandas para hacerse con el control de los pabellones internos, ya se había diagnosticado oficialmente un problema de hacinamiento grave. Las cárceles del país tienen capacidad para 30 mil personas, pero hay 39.mil.