La falta de «respuesta oportuna» de la Cancillería de Nicolás Maduro hizo que el gobierno de Perú excluyera de las elecciones generales del 11 de abril a sus casi 20 mil conciudadanos residenciados en Venezuela.
Aunque el despacho presidido por Jorge Arreaza niega tal hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú remarcó en un comunicado «el Estado peruano solo puede realizar una jornada electoral en un territorio extranjero si cuenta con la autorización expresa previa del Estado receptor».
De acuerdo con el registro electoral, unos 19 mil 711 peruanos tenían previsto votar en las ciudades de Caracas, Valencia, Maracay y Puerto Ordaz.
Según el diario Analítica, la Cancillería peruana sostuvo que el Ministerio de Exteriores de Venezuela respondió al llamado con una nota enviada el 12 de marzo al Consulado General de Perú en Caracas «señalando que no tenía objeción a la celebración de los comicios electorales en dicho país«, pero estableció «exigencias imposibles de cumplir«.
Entre las imposiciones requeridas por la diplomacia liderada por Arreaza garantizar el proceso de votación y el traslado de los electores hacia los centros de votación, «premuniéndolos a todos y cada uno de ellos, de una carta consular con los datos de los vehículos, listas de pasajeros y rutas«.