La condena contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, abrió un panorama incierto en su situación judicial, marcado por los posibles recursos que interponga su defensa y por la posibilidad de entrar en prisión una vez que abandone su cargo en diciembre de 2023.
La expresidenta (2007-2015), que anunció en la víspera que no será «candidata a nada» en las próximas elecciones, fue sentenciada este martes a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al ser considerada penalmente responsable del delito de administración fraudulenta de fondos públicos en la concesión de obras en Santa Cruz (sur), cuna política del kirchnerismo.
El Tribunal Oral Federal 2, que llevó adelante este juicio en el marco de la conocida como «causa Vialidad» desde mayo de 2019, también ordenó decomisar los efectos del delito que consisten en una suma de 84.835 millones de pesos (482 millones de dólares).
Lorena Tocci, abogada y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA), aseguró a EFE que todavía es «prematuro» hacer un balance de este veredicto, cuyos fundamentos completos se publicarán el 9 de marzo próximo.
No hay una condena vinculada con el otro delito por el cual existía una imputación, que es el de la asociación ilícita, de manera que es una admisión parcial de las acusaciones que se habían formulado contra la vicepresidenta», subrayó Tocci, quien consideró «llamativo» la absolución de otros imputados en esta causa, como Julio De Vido, ministro de Planificación Federal de Argentina entre 2003 y 2015.
En un comunicado, el tribunal señaló que tiene la «certeza» de que entre 2003 y 2015 «tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la Administración pública nacional» mediante licitaciones de obras viales en Santa Cruz, que «fueron sistemáticamente adjudicadas» a firmas vinculadas con el empresario Lázaro Báez, quien fue condenado a 6 años de prisión.
Una vez se difundan los fundamentos de la sentencia, Cristina Fernández, al igual que cualquier otro ciudadano que haya sido condenado por un tribunal oral, podrá apelar ante una instancia superior, la Cámara Federal de Casación Penal.
Como regla general, la Cámara de Casación se encarga de «revisar el error o la aplicación del derecho» en una condena y, en principio, «no tiene por objetivo la revisión de las pruebas» de un juicio, según Tocci.
Una vez transitada esta instancia, la vicepresidenta, que aún está inmersa en otras causas judiciales, podría presentar un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el último admisible dentro del sistema judicial argentino.
En opinión de Tocci, ambos recursos presentan «cierta complejidad» por los «temas sobre los que pueden versar».
El recurso extraordinario federal permite revisar conflictos vinculados a la aplicación de normas federales. No es que el juicio empiece otra vez, sino que solamente las violaciones de derechos federales, que están contenidos en la Constitución, habilitan que la Corte pueda revisar esa sentencia anterior», explicó la abogada.
Como vicepresidenta de Argentina, cargo que ocupará hasta el 10 de diciembre de 2023, Cristina Fernández cuenta con «inmunidad de arresto», característica que surge de la combinación de una serie de normas constitucionales y de la Ley de Fueros.
Mientras esté en ejercicio de estas funciones, Fernández solo podría entrar en prisión si previamente es destituida por la vía de juicio político, un mecanismo previsto en la Constitución y que, hoy por hoy, tiene pocos visos de salir adelante por la conformación del Congreso.
Cuando abandone su puesto, Fernández pasará a ser una ciudadana común y perderá dicha inmunidad, aunque presumiblemente seguirá en libertad mientras se resuelven los eventuales recursos ante la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema, debido al principio de presunción de inocencia.
Sin embargo, los jueces responsables de la investigación podrían solicitar prisión provisional mientras la sentencia no esté firme, siempre que observen «peligro de fuga» o posibilidad de condicionar la investigación de otros delitos conexos, circunstancia que afectó a otros funcionarios kirchneristas en el pasado.
Es una discusión muy grande sobre si se puede establecer la prisión preventiva. La respuesta sería en casos muy excepcionales; ahora, la situación de Cristina Fernández es particular en este sentido por el rol institucional político que tiene», sostiene la profesora de Derecho Constitucional.
En cualquier caso, la exmandataria aún dispondría de otra facultad para eludir la entrada en prisión, incluso en caso de sentencia firme: el próximo 19 de febrero cumplirá 70 años y, según el sistema judicial argentino, podría solicitar la prisión domiciliaria, decisión que quedaría en manos de los jueces de la causa.
Con información de Versión Final