En diversos pronunciamientos, la comunidad internacional ha redoblado este viernes la presión para que el Gobierno de Iván Duque, cercado por las protestas que se han estrellado con la represión policial, detenga la violencia en el país andino.
Mientras la ONU ha pedido garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la protesta, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó los casos de “tortura y asesinato cometidos por las fuerzas del orden”, aunque también exhortó a cesar los bloqueos de carreteras que han puesto en riesgo el abastecimiento de alimentos y medicinas en algunas ciudades.
Después de diez días de todo tipo de movilizaciones y disturbios en los que al menos 27 personas han perdido la vida, en las que han abundado las perturbadoras imágenes de uso excesivo de la fuerza y brutalidad policial, la delicada situación interna amenaza con derivar también en una crisis diplomática.
El sistema de Naciones Unidas en Colombia insistió en un comunicado en que “toda acción de la fuerza pública debe observar plenamente la protección y el respeto por los derechos humanos”, además de recordar que el acuerdo de paz sellado a finales de 2016 con la extinta guerrilla de las FARC, del que Duque ha sido muy crítico, “ofrece elementos para reglamentar estas garantías y fortalecer la participación ciudadana”.
Entre la larga cadena de declaraciones que expresan alarma ante el vértigo de los acontecimientos, de Europa a Estados Unidos, la del presidente de Argentina, Alberto Fernández, parece haber causado una particular irritación.
“Ruego porque el pueblo colombiano retome la paz social e insto a su Gobierno a que, en resguardo de los derechos humanos, cese la singular violencia institucional que se ha ejercido”, escribió el mandatario peronista en sus redes sociales.
“La institucionalidad democrática colombiana protege los derechos constitucionales de los colombianos y no será desprestigiada por este tipo de pronunciamientos que, además de ser una intromisión arbitraria, buscan alimentar la polarización que no contribuye a la convivencia y al consenso”, señaló la Cancillería en una inusual respuesta.
“Colombia seguirá siendo un país abierto al escrutinio internacional, pero rechazaremos siempre los pronunciamientos externos que no reflejan objetividad”, abundó en una declaración la canciller, Claudia Blum.
En Estados Unidos, el principal aliado de Colombia en muchísimos campos, también se han hecho sentir las voces críticas de varios demócratas en el Congreso, donde se definen asuntos presupuestales clave para Bogotá. “Debe haber rendición de cuentas por la larga serie de abusos a los derechos humanos ejercidos por el Gobierno colombiano”, manifestó la neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez, en línea con los reclamos que han ventilado otros legisladores como Jim McGovern e Ilhan Omar, del partido del presidente Joe Biden. La crisis podría llegar a afectar la cooperación estadounidense, que incluye a las fuerzas de seguridad.
La tormenta se recrudece mientras Duque intenta retomar la iniciativa con una difícil negociación con distintos sectores políticos. En una bocanada de oxígeno diplomático, los gobiernos de Brasil, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú, sus socios en Prosur, manifestaron su respaldo al Ejecutivo, las instituciones y “a todas las partes interesadas en promover espacios de diálogo, recuperar la convivencia y garantizar el respeto a los Derechos Humanos”.
El Ministro de la Defensa reiteró que se ha detectado la participación de ciudadanos venezolanos en ese país durante las protestas, en especial en el bloqueo a las calles, diciendo que actúan de forma «móvil» en el corredor que hay entre Bogotá y Tunja.
“Hay un grupo de venezolanos que se mueven entre diversos puntos, que no pertenecen a la comunidad (…) La información que se tiene de inteligencia es que hay presencia fuerte de venezolanos. Estamos en el proceso de judicialización de aquellos que la comunidad ha denunciado y de otras informaciones que tenemos con los que son responsables”, complementó Molano.
El abastecimiento de combustible en varias regiones se ha visto afectado por las protestas. El sur de Santander, Ibagué y Cali han visto mermado el suministro de gasolina, según reporta el portal Caracol Radio, mientras la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, hizo un llamado a los manifestantes de no bloquear las vías porque eso está afectando a la ciudadanía de forma directa.
«La protesta es un derecho, pero también hay un derecho de la ciudadanía a recibir alimentos, a movilizarse libremente, a ir a sus sitios de trabajo. Además, los campesinos tienen el derecho de poder sacar todos sus productos hacia los mercados. Tengamos en cuenta la importancia de garantizar el abastecimiento seguro de alimentos«, afirmó la funcionaria.
En el contexto de las manifestaciones de este viernes 7 de mayo, un grupo de indígenas de la etnia Misak, que protestaba en Bogotá, derrumbó la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de la capital colombiana, destacó El Espectador
Mientras, el Gobierno de Colombia declaró como «persona non grata» a un funcionario diplomático de la embajada de Cuba por considerar que «estaba desarrollando en el país actividades incompatibles con lo previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas«, informó el diario El Tiempo.