La comisión presidencial para la Revolución Judicial en el estado Monagas abordó este miércoles los Centros de Detención Preventivas (CDP) del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (Conas) y el Centro Penitenciario de Oriente (CPO) de Maturín, conocido como cárcel de La Pica.
La actividad la encabezó el diputado a la Asamblea Nacional Roberto Messuti, responsable de la región oriental para la revisión de los cárceles y retenes. También estuvo presente en la jornada la presidenta del Circuito Judicial Patricia Mirabal, el Fiscal Superior, Jorge Arzolay, Defensa Pública, representantes de los Tribunales Penales y de Violencia, y coordinadores de los organismos de seguridad.
“El abordaje permite la revisión de los expedientes de los privados de libertad, determinando las actuaciones necesarias para darles respuestas a cada caso. De esta forma, bajará la alta incidencia de procesados y/o penados que permanecen en estos espacios”, destacó Messuti.
En el caso del Cicpc, donde hay 200 presos con limitaciones de espacios y donde familiares han reportado brotes de enfermedades infecciosas y dos fallecidos con síntomas asociados al Covid-19, el diputado añadió “será una prioridad revisar los expedientes, principalmente, de los casos de delitos menores para determinar si pueden optar o no a un beneficio procesal como libertad condicionada o rebaja en la pena”.
Sobre las matrices de opiniones de la gestión de la comisión presidencial donde se da libertad a procesados con delitos graves, Roberto Messuti expresó “no es cierto y no se apega a lo establecido en nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela, donde se establece las penas para los delitos como homicidios, violaciones y robos agravados”.