Las principales economías del planeta comienzan a superar la pandemia y crecen las perspectivas de recuperación para la demanda de petróleo.
Al contrario de lo que esperaba el Gobierno, la administración de Joe Biden no ha flexibilizado las sanciones de Estados Unidos que obligan a vender el poco petróleo que produce Venezuela a través de intermediarios y con grandes descuentos.
Washington ofrece evaluarlas, pero como parte de una negociación política. El pasado 25 de junio Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea emitieron un comunicado afirmando que “estamos dispuestos a revisar el régimen de sanciones sobre la base de un progreso significativo en una negociación global”.
Tras años de mínima inversión, fallas de gerencia y corrupción rampante, la producción de petróleo comenzó a caer velozmente en 2017 y en 2019 las sanciones de Estados Unidos aceleraron la debacle.
La consecuencia es que al cierre de mayo el país produce, de acuerdo con las cifras entregadas por el gobierno a la OPEP, 582 mil barriles diarios, 82% menos que los 3,2 millones de barriles diarios que producía en 1999, el año en que Hugo Chávez tomó el poder e inició la Revolución Bolivariana.
Para exportar lo poco que puede la administración de Nicolás Maduro recurre a pequeños intermediarios que adquieren el petróleo con un descuento en torno a 40% y lo revenden en países asiáticos como Singapur, Malasia y China, el principal comprador.
“Prácticamente se remata el crudo que se exporta. Estimamos que en los primeros cuatro meses de este año al gobierno le ingresaron por ventas de petróleo 1.670 millones de dólares que representan un descenso de 20% respecto al mismo lapso de 2020. Este año el gobierno dejará de recibir 3.500 millones de dólares por el descuento al que vende el petróleo. Esta cifra equivale a 47% del ingreso total, por petróleo y otras áreas, en todo 2021 que lo estimamos en 7.400 millones de dólares”, dice Asdrúbal Oliveros, de Ecoanalítica.
Añade que “Nicolás Maduro necesita mejorar el flujo de caja, eliminar ese descuento, volver a vender el crudo de una forma más institucionalizada«.
Las multinacionales europeas y estadounidenses han reducido al mínimo su presencia en el negocio petrolero venezolano en medio de las sanciones, pero el gobierno intenta poner en marcha un plan para recuperar la producción.
Básicamente se les ofrece a pequeñas empresas locales, sin mayor músculo financiero y tecnología, la posibilidad de invertir en proyectos y cobrarse con una porción del petróleo que produzcan.
En una entrevista concedida a Bloomberg el ministro de petróleo, Tareck El Aissami, aseguró que la producción se cuatriplicará durante los próximos meses y a finales de año se ubicará en 1,5 millones de barriles diarios.
La meta luce ambiciosa. El informe de coyuntura del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) afirma que no se puede esperar un incremento importante de las exportaciones petroleras aun en un escenario en que “se levantaran las sanciones y se recuperara la demanda internacional”.
El informe señala que la industria petrolera venezolana tiene restricciones para operar con eficiencia como “infraestructura obsoleta, reducción del capital humano, incapacidad gerencial, régimen fiscal e institucional muy deficiente, falta de inversión y mantenimiento”.
“Recuperar la producción en un millón de barriles diarios requeriría entre 25.000 a 30.000 millones de dólares en inversiones. Bajo ningún escenario, estos recursos podrían ser aportados por el sector público venezolano y tampoco, en el corto y mediano plazo, por el sector privado nacional e internacional”, dice el informe.
La debacle de la producción petrolera en Venezuela señala el fin de una era. Atrás queda el tiempo en que el barril aportaba 95% de las divisas que ingresaban al país y el petroestado repartía dólares baratos, impulsaba al sector privado con sus compras, mantenía una enorme nómina de trabajadores públicos e invertía sumas aceptables en servicios de educación, salud y vialidad.
El Estado se empobreció y financia la mitad del gasto público creando dinero, el suministro de energía eléctrica es precario, no hay divisas para estabilizar el mercado cambiario y la economía perdió su base de sustentación: las importaciones han caído a mínimos históricos y entre 2014-2020 el PIB se redujo 76%.
En este entorno, Maduro permitió una apertura parcial de la economía, si bien las leyes para maniatar al mercado siguen vigentes, en la práctica no hay control de cambio, el dólar circula libremente, el control de precios es mínimo y se abren espacios para la inversión privada.
El giro resucitó una lista reducida de actividades. El informe de la Universidad Católica Andrés Bello indica que “hay signos de recuperación de la actividad económica en los sectores de minería, agrícola, agroindustria, salud y comercio especialmente en las zonas más relacionadas con los mayores núcleos urbanos del país”.
Pero el impacto de estos brotes verdes será limitado. “Se espera que el nivel de actividad económica en 2021 pudiera mostrar una tasa de crecimiento cercana al 2% y en 2022 al 5%, sobre todo si se logra recuperar, al menos parcialmente, la producción interna de hidrocarburos” dice el informe.
Estas proyecciones estiman que en el segundo semestre de este año la producción petrolera podría aumentar en 60.000 barriles diarios y en 2022 alcanzaría un volumen promedio de 700.000 barriles diarios. Además, habría un aumento en las remesas y continuaría el crecimiento focalizado en áreas del sector privado.
Si en definitiva la economía crece lo que estima el Instituto de Investigaciones Económicas de la UCAB, al cierre de 2022 el PIB apenas sería 26% de lo que fue en 2013.
Si bien en lo inmediato las perspectivas para el precio del petróleo lucen alentadoras, en el largo plazo reina la incertidumbre. Las principales economías del planeta marchan a una sustitución progresiva de los combustibles fósiles por energías más limpias y el reinado del barril comienza a tambalearse.
Para Venezuela esto podría traducirse en que la mayoría de sus reservas de petróleo quedarían bajo tierra. Analistas estiman que la principal ventana de oportunidad para atraer inversiones e iniciar una reestructuración del negocio duraría treinta años porque después de 2050 la demanda de petróleo en la economía global caería de manera relevante.
Como una muestra de los nuevos tiempos, el 28 de mayo los accionistas de la petrolera francesa Total aprobaron un plan para reducir gradualmente sus emisiones de carbono. Además, la compañía cambió de nombre a fin de mostrar su apoyo al desarrollo de las energías renovables y se llamará TotalEnergies.
Alejandro Grisanti, economista y quien formó parte del grupo de técnicos que diseñó el Plan País
“Hay diferentes visiones de cuánto más va a durar el petróleo como fuente principal de energía. Mi estimado es que eso puede durar treinta años y en el 2050 será cuando veamos un declive muy fuerte de los no renovables hacia energía verde”.
“Esto abre una ventana de oportunidad de treinta años, pero esa ventana será mayor para los países que tengan costos operativos muy bajos que es el caso venezolano, quizás podríamos estar produciendo petróleo por otros cincuenta años”, dice Alejandro Grisanti.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la UCAB afirma que recuperar la producción petrolera en Venezuela requiere reformas estructurales que liberen la participación del sector privado en la exploración, producción, refinación y distribución de hidrocarburos.
Además, considera vital reformar el marco institucional, modificar el régimen fiscal, redefinir el rol de Pdvsa y reformular la agenda externa del gobierno en materia petrolera.
Ante la transición energética los países petroleros intentarán quedarse con la menor cantidad de reservas bajo tierra y es previsible una dura competencia por atraer inversionistas.
Venezuela, sumergida en la inestabilidad política, sin acceso al mercado financiero internacional y con una economía en ruinas está en desventaja.