El ajuste del salario mínimo a 10 millones de bolívares luce como una burla cuando deja a los trabajadores al cuidado de la caridad privada o de las irregulares e incompletas bolsas de alimentación gubernamentales (CLAP), mecanismo que algunos analistas interpretan como una fórmula de control social de los sectores más pobres.
Así lo expone a través de un comunicado la Academia Nacional de Ciencias Económicas (Ance) al destacar que desde abril de 2013, cuando Nicolás Maduro ocupó la presidencia, la capacidad adquisitiva real del salario mínimo y del bono de alimentación se ha reducido en torno al 90%, según los índices de precio que publica el BCV.
El comunicado de los académicos expone:
La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE), en cumplimiento de las responsabilidades que le dicta la ley, estima necesaria aclararle a la nación venezolana los alcances y limitaciones del aumento del salario mínimo y del bono de alimentación, decretado por Nicolás Maduro el primero de mayo de este año.
La nueva remuneración, de diez millones de bolívares, sumando ambos conceptos, representa un incremento nominal del 177% con respecto al monto existente, aprobado hace apenas tres meses. Alcanza a poco más de tres dólares mensuales, conforme al tipo de cambio oficial existente para la fecha. En el resto de Suramérica, esta remuneración básica para la subsistencia, supera los doscientos dólares mensuales, llegando en Chile a estar en torno a cuatrocientos cuarenta dólares.
Tomando en cuenta la comparación anterior, presentar este aumento del salario mínimo como una acción solidaria con la clase obrera, luce como una burla cuando deja a los trabajadores al cuidado de la caridad privada o de las irregulares e incompletas bolsas de alimentación gubernamentales (CLAP), mecanismo que algunos analistas interpretan como una fórmula de control social de los sectores más pobres.
Los mecanismos de incremento salarial, como el examinado, son, además, intrínsecamente perversos, pues el gobierno de facto al carecer de medios de financiamiento–dado el colapso de la economía y la situación de default en que se encuentra la República–, termina recurriendo a la emisión monetaria propiciando una fuente endógena de alimentación inflacionaria que arruina aún más el poder adquisitivo del salario.
La verdadera solidaridad con los trabajadores implica proceder, de inmediato, a rectificar el marco de políticas existentes para poder abatir, cuanto antes, la inflación. Cabe señalar que, desde abril de 2013, cuando Nicolás Maduro ocupó la presidencia, la capacidad adquisitiva real del salario mínimo y del bono de alimentación se ha reducido en torno al 90%, según los índices de precio que publica el BCV.
Esta academia ha venido insistiendo reiteradamente en la necesidad de instrumentar un programa de estabilización macroeconómico y una reestructuración de todos los pasivos externos –acompañado de la restauración de las garantías inherentes al ordenamiento constitucional del país– para combatir la inflación, estabilizar el mercado cambiario y colocar a Venezuela en una senda de crecimiento sostenido.
Es menester restablecer los equilibrios en la economía, avanzar en la reconstrucción institucional del país y generar un ambiente de confianza creando verdaderas condiciones favorables para devolver a Venezuela al concierto de las naciones y atraer inversiones productivas.
La profundidad del colapso de la actividad económica, reducida a apenas la cuarta parte desde 2013, requiere de un significativo ingreso de recursos foráneos para poder librar el Estado del financiamiento monetario del déficit público, financiar las inversiones en infraestructura y en servicios, y empezar a rescatar, de manera sostenida, el poder adquisitivo de la población. De acometerse las acciones y reformas requeridas, el panorama económico resultante, contrario a la drástica contracción vista en los últimos 7 años, tendría un efecto expansivo, colocando a Venezuela en la senda de un crecimiento sostenido, acorde con su potencialidad.
Es hora de superar la forma poco responsable con la que se han manejado la gestión pública en Venezuela y se instrumente un programa viable y creíble, con apoyo internacional, capaz de ofrecerle a los venezolanos las posibilidades de conquistar una vida digna para sí y para sus hijos.
Como es su responsabilidad, esta academia se pone a la orden para contribuir en sus capacidades en el diseño y formulación de las políticas que conformarían el programa requerido.